¿Qué pasó?
En cumplimiento de su función fiscalizadora, la Contraloría Regional del Maule constató que el concejal por Talca, Hernán Astaburuaga, quien actualmente se encuentra en campaña por la reelección en abril próximo, no dio cumplimiento a la actualización de su declaración de intereses y patrimonio durante marzo de 2018.
¿Qué hizo la Contraloría?
El 14 de septiembre de ese mismo año, la Contraloría apercibió al aludido concejal mediante oficio para dar cumplimiento a esta obligación legal, en su calidad de autoridad pública electa, otorgando un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, el concejal persistió en esta omisión, por lo cual, en diciembre de 2019 se instruyó un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra, por infracción a la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. Ese mismo mes se formularon cargos en su contra y nuevamente se le notificó de un plazo de diez días para responder, lo cual no hizo. Luego, en mayo de 2020, el fiscal instructor dictaminó una resolución sancionatoria tras declarar acreditada la responsabilidad administrativa, estableciendo la aplicación de una multa de 20 unidades tributaria mensual. Luego, por tercera vez, se le otorgó plazo de cinco días hábiles al concejal para interponer recursos administrativos, lo cual tampoco llevó a cabo. Así en noviembre de 2020 la Contraloría Regional confirmó la propuesta del fiscal y dictaminó la sanción en resolución exenta, equivalente a 514.890 pesos con el valor actualizado de la UTM.
¿Cómo se calculó esa multa?
La Contraloría Regional explica en su resolución que la multa que se puede aplicar tiene un rango entre 5 a 50 UTM, atendida la gravedad de infracción. Añade que se decidió aplicar la sanción en el límite inferior, aunque el concejal persistió en la omisión, incluso hasta la fecha, ya que sigue sin figurar en la página web de la municipalidad de Talca.
¿Qué dice la ley de probidad?
La ley 20.880 tiene como objetivo principal la fiscalización del principio de probidad administrativa, lo cual en este caso no fue posible, tanto por parte de la Contraloría –mandatada por la misma norma- como por parte de la ciudadanía, ya que esta declaración de patrimonio e intereses tiene carácter público y debe ser actualizada anualmente mientras el declarante siga en el cargo público, así como también seis meses después del cese de funciones.
¿Cuál fue la defensa del concejal?
El concejal, una vez notificado de la sanción, optó por presentar un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Talca. Allí si bien reconoce un error, explica que el año 2018 estuvo en tratamiento por un cuadro depresivo severo causado por estrés laboral, por lo cual, estuvo con licencias médicas. Por ello, le solicitó a la Corte de Talca aceptar sus excusas y dejar sin efecto la multa o bien rebajar el monto al mínimo legal.
¿Qué resolvió la Corte de Talca?
El caso fue resuelto por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca, conformada por los ministros, Rodrigo Biel y Wilfredo Urrutia (s), junto al abogado integrante, Abel Bravo. En su parte resolutiva, el fallo indica que “la justificación esgrimida por el actor es irrelevante puesto que las licencias médicas a que acude comprenden el periodo que va entre el 23 de abril y el 23 de julio de 2018, esto es, son posteriores a marzo de 2018, época en que debió hacerse la declaración”. Añade que “la gravedad de la infracción, la mantención de la conducta infractora y la falta de justificación del incumplimiento obligan a concluir que la multa interpuesta por el órgano contralor fue prudente, toda vez que se fijó en el rango inferior y muy próxima al mínimo legal, por lo que no resulta procedente su revisión”. Así se rechazó el recurso y se confirmó la sanción dictaminada por la Contraloría Regional del Maule.
¿Qué dijo el concejal?
Contactado por Diario Talca, el concejal Astaburuaga comentó que “yo reconozco mi error. La Corte de Apelaciones consideró que mi estado de ánimo no era motivo justificado. Así lo asumo y tengo que ir a cancelar esa multa. No voy a insistir en apelar algo que desde mi perspectiva es un error que le puede pasar a cualquier persona. Yo soy un ciudadano como cualquier otro así que voy a cancelar la multa y punto”.
¿Ha seguido actualizando sus declaraciones de patrimonio e intereses?
“Mi declaración es pública, entonces, usted puede ver que todos años son iguales, tanto antes como después de 2018. No ha habido una variación en estos tiempos. Me falta solo la de 2018 porque no la hice”, afirmó.
¿Qué opina de la ley que obliga a las autoridades a hacer esta declaración?
“El algo súper sano para la democracia que cualquier persona tenga acceso a estas declaraciones públicas. No tengo nada que ocultar. Soy una persona normal que vive de su trabajo. Entonces, no hay nada que esconder, al contrario, es sano que la gente conozca el patrimonio de quienes asumen estos cargos públicos”, señaló,
