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Senador Juan Castro reconoció error y pagó multa por infracción electoral

¿Qué ocurrió?

La municipalidad de Pelarco presentó una demanda ejecutiva de cobranza judicial en contra del senador, Juan Castro, por una multa de 21 UTM cursada por el Servicio Electoral (Servel) debido a una infracción a la ley que regula la publicidad política, en particular, durante las elecciones del año 2017, justo cuando el ex alcalde de Talca fue electo en su actual cargo en la Cámara Alta.

La cobranza fue presentada ante el Primer Juzgado de Letras de Talca, donde se remitieron los antecedentes a la Corte de Apelaciones, atendida la condición de que el demandado cuenta con fuero parlamentario. Por ello, se designó por turno al ministro, Moisés Muñoz, de la Corte de Apelaciones de Talca, quien dictó una resolución ordenando el embargo de bienes y la notificación al senador Castro.

¿Qué respondió el parlamentario? 

A través de un comunicado de prensa, Juan Castro replicó que “reconocemos nuestro error y pese a que fue una descoordinación del equipo a cargo de la campaña, no presentamos descargos ni apelaciones frente a la resolución del Servel, aceptando así la sanción impuesta. Con respecto a lo anterior, cuando se nos notificó de las cinco multas a beneficio municipal, se tomaron las medidas pertinentes, se pagó la primera de ellas en la municipalidad de Talca y se inició el proceso de cancelación para las demás”.

¿Existen otros casos pendientes similares por las otras municipalidades beneficiarias de multas del Servel?  

“Queremos agregar, además, que no existen procesos judiciales por parte de ninguna municipalidad y que, en el caso de la municipalidad de Pelarco, ya se llegó a un acuerdo, por lo que se presentará un escrito en conjunto con la abogada de la institución señalando el pago de la multa y, con ello, se pondrá fin al juicio iniciado”.

¿Se confirmó el pago de la multa en el caso de la municipalidad de Talca?

Fuentes calificadas explicaron que, en el caso de la municipalidad de Talca, respecto a la misma materia se optó por realizar cobranzas administrativas a los candidatos que, en las últimas elecciones, fueron multados por el Servel debido a infracciones a las normas de la propaganda electoral. A la vez, se advirtió que si no se lograba cobrar por esta vía, solo en ese momento se optó por acudir a los tribunales.

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