La sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Linares marca un precedente en una causa de alta connotación sexual, reafirmando que la justicia puede alcanzarse incluso décadas después de ocurridos los hechos.
¿Qué resolvió el Tribunal Oral en lo Penal de Linares?
El Tribunal Oral en lo Penal de Linares dictó una sentencia condenatoria de 20 años de presidio contra un imputado por delitos de violación y abuso sexual reiterado, cometidos contra personas menores y mayores de 14 años, estos últimos bajo circunstancias de estupro, reflejando la gravedad de los hechos acreditados durante el juicio.
¿Quién desarrolló la investigación de este caso?
La investigación fue llevada a cabo por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Linares, en estrecha y permanente coordinación con el Ministerio Público, en una causa calificada como extensa y compleja.
¿Cómo se originó la denuncia que permitió iniciar la causa?
Según explicó la subcomisaria Danitza Sánchez, la investigación se inició tras la denuncia de una de las víctimas, quien ya siendo adulta decidió revelar hechos ocurridos hace al menos dos décadas, luego de conocer que su hermana, cuando era niña, también habría sido víctima de conductas similares por parte del mismo imputado, su padre.
¿Qué tipo de diligencias permitieron esclarecer los hechos?
La oficial detalló que el esclarecimiento fue posible gracias a un trabajo investigativo especializado, que incluyó diligencias científico-técnicas, análisis en el sitio del suceso, toma sistemática de declaraciones y la elaboración de informes psicológicos especializados, permitiendo reconstruir de manera objetiva la dinámica de los hechos y presentar antecedentes sólidos y consistentes ante el tribunal.
¿Qué mensaje entrega este fallo a las víctimas y a la comunidad?
Desde la PDI se destacó que este resultado reafirma el compromiso institucional con investigaciones técnico-profesionales en delitos complejos, especialmente aquellos que vulneran gravemente la integridad de niños, niñas y adolescentes, garantizando el acceso a la justicia de las víctimas, independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos.
