¿Cuándo ocurrieron los hechos?
Una temporada muy compleja en cuanto a incendios forestales se vivió entre los años 2019 y 2020, marcada especialmente por un siniestro que estuvo a pocos kilómetros de llegar al Parque Nacional Radal Siete Tazas, destruyendo miles de hectáreas de bosque nativo en la precordillera de la comuna de Molina.
¿Qué se estaba investigando?
A partir de indicios recogidos en el sitio del suceso y, especialmente, tras recibir informes técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que apuntaban a un posible origen intencional, la fiscalía de Molina y la PDI de dicha ciudad comenzaron a investigar los hechos.
¿Quiénes eran los sospechosos?
Evidencias e indicios surgidos en la investigación, llevaron a la fiscalía y a los detectives a concentrar sus esfuerzos en contra de un grupo de brigadistas que trabajaban para una empresa privada, en particular, para Forestal El Astillero, dueña de la Hacienda Agua Fría. Las sospechas se reforzaron a partir de dos antecedentes claves: el posicionamiento GPS de los movimientos del vehículo que utilizaban estos brigadistas y las conversaciones telefónicas interceptadas bajo autorización judicial.
¿Qué arrojaron estas evidencias?
En el caso del GPS quedó en claro que los imputados se movilizaban y detenían por tiempos prolongados justamente en los puntos donde se originaban los focos de incendios. En el caso de las interceptaciones telefónicas, se captaron conversaciones donde el jefe de la brigada hablaba con los restantes integrantes, a quienes les ordenaba no declarar y tampoco confesar que habían causado los incendios.
¿Y hubo algunos que confesaran?
Pablo Alarcón, quien se desempeñaba como motosierrista en la brigada Bravo Charly Cinco, fue uno de los que declaró ante la PDI y la fiscalía. En su testimonio, confesó que ellos provocaban los incendios forestales para cobrar horas extras y ganar un mejor sueldo a fin de mes. Para ello, explicó que dejaban velas encendidas en el bosque, formando una especie de “nido” con ramas y hojas secas. Lo hacían durante la tarde, calculando que la vela se consumiera al anochecer, para que los llamaran fuera del horario regular de trabajo. También explicó que sacaban las velas de una gruta religiosa ubicada en las cercanías, añadiendo que el jefe de la brigada, llamado como el Alfa, era quien les enseñaba cómo provocar los incendios y que después borraran sus huellas del camino.
Por su parte, el brigadista, Jaime Castillo, también declaró en la investigación, donde acusó directamente al jefe de la brigada de organizar estos incendios intencionales, añadiendo que les decía que era la única forma de cobrar horas extra. También les decía que todo tenía que ser “piola” y que no anduvieran “sapeando”, en alusión a que no tenían que declarar si eran interrogados por la policía. Añadió que dejaban instaladas estas velas encendidas cada vez que salían a patrullar en la camioneta de la empresa.
¿Qué hizo la fiscalía?
La fiscal de Molina, Mónica Barrientos, presentó este viernes cargos criminales contra los siete brigadistas forestales, quienes a la fecha seguían trabajando en estas labores, pero fueron despedidos cuando se conoció los motivos de sus detenciones. Tras las detenciones, realizadas el jueves por la PDI de Molina, la audiencia en el Juzgado de Garantía de Molina se efectuó en forma telemática.
¿Qué delito fue formalizado?
La fiscal esgrimió el delito de incendio intencional de bosques, estipulado en el artículo 476 número 3 del Código Penal, donde se sanciona este hecho ilícito con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, es decir, desde 15 años y un día de cárcel hasta presidio perpetuo.
¿Cuáles fueron los incendios provocados por estos brigadistas?
La fiscal presentó cargos criminales por los siguientes hechos:
1.- Incendio forestal de origen intencional registrado el 29 de enero de 2020 en un bosque de pino del predio forestal Agua Fría a sesenta kilómetros de la comuna de Molina, donde se destruyeron 1,5 hectáreas de bosques de pino y que fue extinguido el 2 de febrero.
2.- Incendio forestal intencional originado el 7 de febrero en un bosque de pino del predio forestal Agua Fría a 40 kilómetros al sur de Molina, donde se destruyeron 0,7 hectáreas y que fue extinguido el 9 de febrero.
3.- Incendio forestal intencional originado el 9 de febrero en el predio forestal Agua Fría a 44 kilómetros al sur de Molina, donde los imputados provocaron dos focos. Debido al viento que propagó las llamas, el incendio se magnificó hasta llegar a las cercanías del parque nacional Radal Siete Tazas, obligando a Onemi Maule a decretar alerta roja el 12 de febrero para la comuna de Molina. En total, el incendio destruyó 14.989 hectáreas, de las cuales, poco más de ocho mil corresponden a bosque nativo. El incendio se logró controlar recién el 3 de abril.
4.- Incendio forestal de origen intencional registrado el 1 de abril de 2020 en el predio forestal Agua Fría a 32 kilómetros al sudeste de la comuna de Molina, donde se destruyeron 0,2 hectáreas de pino y que fue extinguido ese mismo día.
5.- Incendio forestal de origen intencional registrado el 3 de abril de 2020 en el predio forestal Agua Fría a 30 kilómetros al sudeste de la comuna de Molina, donde se destruyeron 0,3 hectáreas de bosques de pino y que fue extinguido el 10 de abril de 2020.
¿Qué medidas cautelares pidió la fiscal?
La fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco de los imputados, entre ellos, para el jefe de la brigada, mientras que para otros dos planteó medidas cautelares alternativas. Dicho planteamiento fue respaldado por las dos partes querellantes, esto es, por los abogados de la empresa forestal dueña del predio donde ocurrieron los incendios, como también por la Intendencia del Maule. En contraparte, dos abogados de la Defensoría Penal Pública se opusieron a las medidas cautelares, en especial, a la prisión preventiva.
¿Qué resolvió el tribunal?
El juez, Cristian Albarrán, del Juzgado de Garantía de Molina, aceptó decretar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los imputados Osvaldo Soto, jefe de la brigada forestal; junto a Guillermo y Yordan Salinas. Todo ello, atendido que fueron formalizados por su participación en casi todos los incendios provocados y por la gravedad de los delitos. A su vez, respecto a los imputados, Pablo Alarcón y Jaime Castillo, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, en razón de que fueron formalizado por solo un caso de incendio intencional y que declararon en forma voluntaria en la investigación; y respecto a los imputados, Jorge Cortés y Juan Carlos Bernal, se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal.
