¿Cuándo comenzó la investigación?
Desde hace meses, los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Talca y la denominada “fiscalía de foco” están indagando numerosas denuncias por fraudes con ventas de especies de valor a través de páginas web y redes sociales. Todo ello, tras acumular un importante número de denuncias de víctimas que viven en la región del Maule.
¿Qué se ha establecido?
A la fecha, según la fiscalía, se ha identificado a un total de 13 imputados que tendrían responsabilidad en delitos de estas características, ya sea facilitando sus cuentas RUT para recibir dineros de terceras personas y retirar de inmediato estos fondos, así como también contactando y ofreciendo productos de alto valor simulando que se trataba de un negocio real, a sabiendas que no contaban con estas especies y que el objetivo final era estafar a las víctimas.
¿Existe un patrón delictual?
El fiscal, Carlos Altermatt, de la “fiscalía de foco” en Talca, en las audiencias judiciales, ha revelado la existencia de un patrón común en estos delitos. Se trata de sujetos que publican tentadoras ofertas en redes sociales o páginas web, buscando interesar a posibles víctimas. Luego del contacto, le piden dinero adelantado a los interesados y que lo depositen en cuentas RUT de terceras personas. Pero después de los pagos y cuando se debe realizar los supuestos despachos, estos sujetos bloquean a los compradores y evaden todo contacto, configurando así las estafas.
¿Cuántos formalizados existen a la fecha?
Al momento la PDI ha detenido a 6 imputados que la fiscalía ha formalizado por estafas reiteradas. El primer grupo de cuatro imputados fue sindicado por sus responsabilidades en una docena de estafas, cuyos casos incluyen ventas de automóviles, máquinas de ejercicios y motores eléctricos, todos ofrecidos a valores muy inferiores que su precio comercial.
¿Qué pasó ahora?
Ocurre que este martes la PDI detuvo a dos nuevos imputados, en específico, a Yuri Neira Bustamante y Raquel Rodríguez Ortiz, ambos domiciliados en Chillán y detenidos por la PDI. En audiencia telemática, el fiscal Altermatt explicó que estos imputados tienen participación directa en dos estafas ocurridas en diciembre de 2019 y agosto de 2020, los cuales afectaron a víctimas domiciliadas en Talca y Constitución.
¿Cómo ocurrieron las estafas?
Al igual que los casos ya formalizados, en estas nuevos hechos, los imputados actuaron ofreciendo especies de valor a sabiendas que era un fraude. En el caso ocurrido en diciembre de 2019, el imputado Yuri Neira fue contactado por una persona interesada en comprar un motor que este sujeto ofrecía en redes sociales en la suma de 600 mil pesos. Luego, este imputado le pidió a la víctima que le pagara a través de un depósito en la cuenta corriente de Raquel Rodríguez, tras lo cual, perdieron todo contacto con el comprador. El segundo caso ocurrió en agosto de 2020, cuando el mismo imputado, Yuri Bustamante, ofreció una herramienta eléctrica en redes sociales por la suma de 200 mil pesos, aunque todo era una farsa, ya que luego de recibir los depósitos en la cuenta ruta de Raquel Rodríguez, perdió todo contacto con el comprador.
¿Qué perfil criminalístico tienen estos nuevos imputados?
El fiscal Altermatt explicó que Yuri Bustamante y Raquel Rodríguez son pareja sentimental y, en dicho contexto, tienen responsabilidad en numerosos delitos similares de estafas. Precisó que el imputado Yuri Bustamante registra 18 causas pendientes, todas con órdenes de detención vigentes; mientras que Raquel Rodríguez presenta 33 causa pendientes con órdenes de detención. A la vez, ambos imputados también cuentan con condenas previas. De hecho, Raquel Rodríguez registra 10 condenas y Yuri Bustamante otras 8 condenas, ambos en los mismos tribunales y en distintas regiones.
¿Qué decidió la justicia?
El juez, Humberto Paiva, del Juzgado de Garantía de Talca, decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de estos imputados, a petición de la fiscalía. Todo ello, por estimar que la libertad de estos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, atendido el peligro de fuga y las causas pendientes. El plazo de la investigación de la fiscalía se limitó a dos meses y la medida cautelar será cumplida por los imputados en la cárcel de Chillán.
