¿Qué dijo la fiscal?
Gabriela Vargas sostuvo que “hemos pedido una condena de 12 años de presidio mayor, en su grado medio, más todas las accesorias legales. En el caso en concreto, al imputado le favorece una sola circunstancia atenuante, por lo cual, podría recorrerse el grado en la parte media, en toda su extensión. Esperamos que así sea condenado”.
“El tribunal ubica el dolo en las circunstancias coetáneas y posteriores a la realización del ilícito, en particular, de que efectivamente el funcionario había utilizado el arma de servicio, la trayectoria balística del proyectil que impactó en la espalda de la víctima, que el imputado y condenado luego que ocurren los hechos, oculta la información del disparo que había salido de su arma de servicio; el hecho de no dar cuenta a su superior; haber colocado una munición propia en el arma utilizada; y también porque transcurren diez días desde que ocurren los hechos hasta que aparece el cadáver y, solo en dicha oportunidad, el condenado reconoce que se le habría disparado el arma de servicio. Él lo plantea en forma accidental, cuya teoría el tribunal no acogió y señala que fue un actuar doloso”, añadió.
¿Y las partes querellantes?
Luis Sepúlveda, quien representa a la pareja e hija de la víctima: “Creemos que este delito es un homicidio calificado, lo cual no fue concedido. El tribunal considera que el procedimiento policial muta en una situación ilícita, en el cual, el condenado dolosamente dispara sin justificación por la espalda al señor Escanilla, dándole muerte. También consideramos que hubo una agravante, que es utilizar el arma de fuego en su calidad de funcionario público. Él no tenía mayor motivación para sacar su arma. Oculta el disparo y que ocupó una munición. Todo da cuenta que fue intencional. Esto no fue casual. Él lo oculta y eso es indicio de que actuó dolosamente”.
Fernando Leal, quien representa al padre de la víctima: “En su alegato final, la defensa planteó que habrían dos atenuantes de irreprochable conducta anterior y la colaboración con la investigación. Pero como parte querellante, creemos que no se dan los supuestos de la colaboración. Por el contrario, se pudo establecer que él, en todo momento, trató de ocultar su delito. Primero, sin informar que había disparado su arma de fuego y, segundo, cuando entrega el arma y completa la bala que le faltaba. Acá no hubo una colaboración real, a nuestro juicio, el condenado hizo todo lo contrario”.
¿Qué pasa con la reparación por daño moral para las víctimas?
Luis Sepúlveda explicó que “a mi representada lo que le interesaba era la condena. El tema indemnizatorio, obviamente, va a venir después. Primero, por lo menos la pareja de la víctima, lo que me pide es que se aplique la máxima condena contra el imputado. Las indemnizaciones son posteriores, Eso se va a ver en su momento. Aquí hay responsabilidad no solo del condenado, sino también del Estado que le entregó un arma a esta persona, no estando capacitada para ser un funcionario público de Carabineros, atendido lo que ocurrió”.
