La imagen de un coche de bebé siendo arrojado a una pila de fuego en Iquique es lejos una de las postales más dramáticas de la miseria a la que hemos sido expuestos/as. No es sólo xenofobia, es racismo, clasismo y una innumerable lista de violencias y opresiones a aquellas personas que, desde hace un tiempo, han sido construidas por los medios de comunicación y principalmente por los representantes del gobierno como “la amenaza nacional”.
Y es que desde el 2016 que se viene proyectando en la prensa y en los discursos oficiales que la migración está descontrolada, que se han colapsado los sistemas de salud, que la mayoría de las maternidades están acogiendo a los nuevos chilenos, que el trabajo comienza a escasear, etc. Frases que por supuesto, al ser elaboradas con ideologías de odio, terminan cosechando desastres como los visto el sábado en Iquique.
Hace un tiempo pedí por Ley de Transparencia del Estado el número real de personas extranjeras inscritas en los CESFAM. Los datos recibidos fueron categóricos: en unos centros eran 2%, 4% y en el que más inscritos había, no pasaban del 5,5%. ¿Realmente un 5,5% puede colapsar un sistema sanitario? Por supuesto que no. Lo que colapsa el sistema son las políticas deficientes que no invierten en mejores sueldos para trabajadores/as, en insumos para la realización del trabajo y por supuesto en contratación de más personal para hacer frente a las nuevas demandas; la culpa no es de los/as migrantes, es del Estado. Porque quienes migran no son delincuentes como tanto le gusta vociferar al gobierno y a la prensa. La situación irregular no es un delito; y en ninguna circunstancia es correcto, jurídica, política y éticamente hablar de migrantes “ilegales” para referirse a personas que entran a un país por un paso no habilitado. Son sujetos de derechos que deben regular un permiso, permiso que a su vez les permite trabajar, arrendar una vivienda, pagar impuestos… Pero siempre es más fácil hablar desde la ignorancia y seguir criminalizando la migración y a aquellas personas que migramos. Y Chile tiene historia de ignorancia y violencia.
Este jueves 30 de septiembre se cumplieron cuatro años de la muerte de Joan Florvil, joven haitiana acusada de abandonar a su hija en una oficina municipal de Lo Prado. Su muerte representa el racismo más brutal del cual yo me sentiré avergonzada hasta mi último aliento. El 23 de julio de este año se reabrió la investigación por apremios ilegítimos y tortura. Si, tortura de funcionarios del Estado contra Joan.
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos fuimos haciendo cada vez más miserables? Las respuestas no son sólo individuales y deben analizarse desde diferentes dimensiones, pero al menos tenemos una claridad: Los gobiernos y sus políticas defectuosas son los responsables de las crisis.
En Alemania, donde el 40% de la población es migrante, se acogieron y regularizaron casi un millón de personas en 2015. Angela Merkel en ese entonces pronunció una frase histórica: ¡Lo lograremos! (Wir schaffen das) Y lo logró. Hoy, después de 16 años se retira como una líder sin precedentes y Alemania es una de las economías más vibrantes de Europa y el mundo (también gracias a los/as migrantes).
En Chile, el gobierno se negó a regularizar a 100 familias que estaban hace meses viviendo en la plaza Brasil en Iquique. Y las medidas de Piñera para afrontar la crisis fueron 4: instalar 6 puntos de observación adicionales en la frontera; instalar un campamento de carabineros en Colchane; reforzar con antenas satelitales y salas de monitoreo la vigilancia en la zona, y nombrar tres nuevos directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones. Ninguna medida de apoyo a las personas violentadas durante este último tiempo. Porque después de todo el legado de este gobierno será la postal de una horda de acéfalos quemando coches de bebés, juguetes y pañales, mientras la policía observaba y las infancias llorando nos descarnaban el alma.
