¿En qué consiste?
Consagrar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, y reconocer el rol clave que juegan las universidades estatales en el desarrollo país, es el objetivo de las dos normas ingresadas por el Consorcio de Universidades del Estado (Cuech) a la Plataforma de Iniciativa Popular establecida por la Convención Constitucional para recoger propuestas surgidas desde la comunidad.
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¿Qué dijo el rector de UTalca?
El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, explicó que para lograr ese propósito es fundamental el apoyo de la ciudadanía, ya que para que sean analizadas por el organismo a cargo de escribir la nueva Constitución, cada una debe reunir 15 mil firmas. “Hoy tenemos la histórica posibilidad de devolverle a la educación pública la importancia que merece, por lo que hago un llamado a las y los maulinos a apoyar con su firma ambas iniciativas”, detalló.
¿De qué se trata la propuesta?
Rojas puntualizó que la propuesta 36.618, “Universidades estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país”, permitirá “reconocer el rol clave de nuestras instituciones, garantizar su autonomía y las condiciones para el cumplimiento de sus labores”, en tanto que la 36.582 busca consagrar en la Constitución el derecho a la educación pública, gratuita, laica y de calidad. “Los principios en que se sostienen ambas iniciativas están en plena concordancia con los valores que inspiran a nuestra Universidad de Talca”, subrayó el rector.
¿Hasta cuándo se puede votar y dónde?
El trámite para respaldar ambas normas se puede hacer hasta el 1 de febrero y solo se requiere clave única o la cédula de identidad en la página web http://www.iniciativa.chileconvencion.cl
¿Qué opinaron desde el Consorcio de Universidades Estatales?
El presidente del Cuech, Ennio Vivaldi, agregó que la nueva Carta Magna es una oportunidad inigualable para que la educación pública recupere el lugar central que le fue arrebatado por la dictadura. “Estas dos iniciativas, para las cuales pedimos el apoyo de la ciudadanía, apuntan a fortalecer la educación pública y a respaldar el trabajo que las universidades del Estado hacen por el país”, afirmó.
La directora ejecutiva del Consorcio, Alejandra Contreras, agregó que ambas normas “no sólo apuntan a resolver un problema de acceso y calidad, que es un reclamo ciudadano que lleva décadas, sino también a redefinir el rol de las universidades del Estado en el contexto de crecimiento y desarrollo del país impulsado por la nueva Constitución. Son dos normas absolutamente fundamentales para la consagración del derecho a la educación en la nueva Constitución, y alcanzar las firmas es el primer paso hacia esa garantía”.
