El tribunal acreditó 24 delitos de estafa cometidos por Gustavo Contreras Carrasco, quien engañó a compradores con un falso proyecto inmobiliario.
¿Qué determinó el tribunal de Linares?
Tras un extenso juicio oral, la Fiscalía Local de Linares logró que el tribunal condenara a Gustavo Dagoberto Contreras Carrasco por 24 delitos de estafa vinculados a la venta fraudulenta de terrenos en la comuna de Longaví, en un supuesto proyecto de parcelación denominado “Fundo San Benito de la Lechería”.
¿Cómo operaba el acusado?
Los hechos ocurrieron en febrero de 2022, cuando el imputado —representante y único socio de Inmobiliaria América SpA— ofrecía a través de internet y redes sociales lotes de 5.000 m² asegurando que contaban con agua potable rural, luz eléctrica y permisos listos para construir. Los interesados realizaban pagos de reserva de hasta $7 millones, confiando en que los terrenos estaban regularizados y disponibles para la venta.
Sin embargo, el tribunal acreditó que el predio ofrecido no pertenecía al acusado, quien solo había firmado una promesa de compraventa con los propietarios originales, sin facultad real para comercializar los terrenos.
¿Qué pruebas presentó la fiscalía?
Durante el juicio, la Fiscalía expuso más de 140 medios de prueba, incluyendo 47 testimonios, 96 documentos, cuatro sets fotográficos y el plano del predio, con lo cual se logró acreditar la responsabilidad penal del imputado en cada una de las estafas.
¿Qué señaló el fiscal del caso?
El fiscal Alexie Crisóstomo explicó que las víctimas fueron engañadas bajo la promesa de una pronta formalización de los terrenos:
“El acusado ofrecía lotes producto de una subdivisión que no podía concretar. Les decía a las víctimas que el trámite con el SAG estaba por terminar, pero el tiempo pasaba y la venta nunca se realizaba. Las personas no recibieron los terrenos ni la devolución del dinero. Finalmente, el tribunal dictó veredicto condenatorio por los delitos de estafa”, precisó el fiscal.
¿Qué penas arriesga el condenado?
El Ministerio Público solicitó una pena única de diez años de presidio, considerando la magnitud del perjuicio causado y la reiteración de los delitos. La lectura de sentencia fue programada para el 29 de octubre.
